Corte a favor de pastilla de emergencia

En el segundo día de debate, apoyan Norma Oficial Mexicana 046, que obliga a médicos recetar píldora de emergencia en caso de violación.

18/05/2010 3:15
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La  mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  se inclinaron a favor de las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 046 de Salud, para que sea obligatorio para los médicos recetar la llamada “píldora de emergencia”, al desechar el argumento central de la controversia presentada por el gobernador de Jalisco, Emilio González, en el sentido de que vulnera atribuciones de su gobierno en materia penal.

En la controversia, el gobernador Emilio González sostiene que  la atención a las víctimas de delitos le compete “única y exclusivamente” al Ministerio Público; porque las autoridades sanitarias no pueden ofrecer la anticoncepción de emergencia sin una determinación de existencia del delito de violación por parte de la autoridad competente; y porque la norma emitida no puede ser de aplicación obligatoria para todo el país.

Sin embargo, para la mayoría de los ministros, esta afirmación carece de fundamento, pues la Normas de Salud es  de carácter federal y tienen el propósito de salvaguardar a la población; en tanto, las normas penales sólo tienen aplicación local y su naturaleza concierne únicamente a la persecución de delitos de carácter local.

De esta manera, se disolvió un tanto la polarización que prevalecía entre los magistrados en este debate que inició el pasado lunes; sin embargo, será hasta la sesión del jueves próximo cuando la SCJN tome una resolución, en espera de la participación de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien este día estuvo ausente.

En la sesión de este martes, fue el ministro Sergio Aguirre Anguiano quien salió a la defensa de la controversia presentada por el gobierno de Jalisco, al referir que se trata del derecho de protección a la vida, tema en el cual México se encuentra comprometido incluso en tratados internacionales, como el de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Sin embargo, el presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortíz Mayagoitia, enfatizó que  la norma de salud  autoriza a quien se dice víctima de un delito de violación  a que se le ofrezca un anticonceptivo postcoital,” es claro, que no se está afectando ni interfiriendo con lo que dice o protege el Código Penal de Jalisco”.

En su turno, el ministro José de Jesús Gudiño hizo énfasis en que  aún en los casos de aborto por causal de violación, la norma no invadió la esfera de competencias del gobierno de Jalisco, porque “perfectamente la norma está respetando la esfera local y la esfera federal de otras autoridades”.

La NOM-046 establece que “en caso de violación, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, deberán, de acuerdo a la norma oficial mexicana aplicable, ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia, previa información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada”.

Apunta además que “en caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, en los términos de la legislación aplicable, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada, en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”.

Y deja en claro los derechos de la persona, al puntualizar: “En todos los casos se deberá brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del aborto, a efecto de garantizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones aplicables”.

Ante los argumentos a favor de la validación de la Norma de Salud que respalda a la “píldora de emergencia”, el ministro Sergio Aguirre solicitó más tiempo para reforzar su propuesta de invalidar la medida aprobada por la Secretaría de Salud.


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