Dejan gasas en cerebro de niño; no hay detenidos

El padre del menor interpuso desde hace cinco años una denuncia ante la Procuraduría potosina, pero ante "la dilación, omisiones y no línea de investigación", presentó una queja contra ésta en la CEDH

31/03/2014 4:34
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Akin Jautzi “N”, un menor potosino, fue diagnosticado con un tumor cerebral e hidrocefalia secundaria, y entre julio y septiembre de 2007 fue atendido por los médicos Juan Carlos Chalita Williams, Jaime Torres Corzo y Roberto Rodríguez della Vecchia en el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, en San Luis Potosí, y sólo tuvo algunos días de mejoría, pero después empeoró y, “con mentiras y omisiones por parte de los galenos, fue dado de alta”.

 
Así lo acusó Jorge Enrique Rodríguez Herrera, quien a través de una carta que envió al semanario Proceso para que su caso fuera difundido, y del que dijo tener documentos donde consta y se avalan sus señalamientos.
 
En el documento señaló que a la edad de un año ocho meses, su hijo fue atendido por los citados doctores, sin embargo, ante la falta de mejoría viajó a la Ciudad de México, donde consiguió que el menor fuera atendido en la Unidad Médica de Alta Especialidad Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Pediatría.
 
El 4 de octubre del mismo año, se ordenó su hospitalización en el servicio de Oncología Pediátrica, cuatro días más tarde se le realizó una resonancia magnética, se le diagnosticó un aparente residual tumoral cerebral y se le programó para que el día 11 del mismo mes tuviera una extracción de dicho elemento.
 
El día de la operación, el neurocirujano le halló algo que se deshilachaba con textura de algodón y que era ajeno al cerebro. El servicio de Anatomopatología –según indicó el padre- señaló que el residual tumoral resultó ser un “cuerpo extraño, textiloma, fragmento de gasa (gasas)”.
 
Las gasas provocaron que Akin fuera sometidos a múltiples cirugías cerebrales posteriores, lo que le provocó secuelas irreversobles como atrofia severa auditiva, atrofia visual, trastorno psicomotriz, daño neurológico, atrofia de lenguaje, males musculoesqueléticos, así como la dependencia total y absoluta para realizar sus actividades diarias, como comer por sí mismo.
 
En agosto de 2008, Rodríguez Herrera interpuso una denuncia ante la Procuraduría potosina, de lo que se desprendió  el expediente AP/PGJE/SLP/I/526/VIII/2008. Además, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
 
Tras una investigación, la Comisión emitió la recomendación 11/2010, “que hasta la fecha no ha sido aceptada por los Servicios de Salud del estado ni por el Hospital Central ‘Ignacio Morones Prieto’, a cargo del doctor Octavio Alfredo Castillero González”.
 
Además, el padre presentó una queja ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CEAM), “que mostró parcialidad hacia los médicos mencionados, al punto de que el doctor Alberto Rodríguez Jacob, quien fungía como comisionado estatal, trató de incitarme ofensivamente a recibir una cantidad de dinero, como si estuviera yo vendiendo a mi precioso y amado hijo, a lo cual no accedí”.
 
“Debido a todos estos deplorables comportamientos institucionales, particularmente de la Procuraduría de Justicia, pues no ha hecho prácticamente nada tras cinco años de haber presentado mi denuncia, manifesté mi inconformidad con el subprocurador general de Averiguaciones Previas, quien dispuso remitir la averiguación previa a la Mesa III de Asuntos Relevantes (número AP/PGJE/SLP/UEAR/MIII/14/IV/2013). Al continuar con la dilación, omisiones y no línea de investigación, presenté formal queja contra la PGJESLP en la CEDH el 7 de agosto de 2013 (expediente 1VQU-448/2013) por la dilación, las omisiones y una escueta línea de investigación”, detalló.

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