¿Mamá sin derechos sobre su cuerpo?

En la mitad de las entidades federativas del país se han modificado las constituciones locales para “proteger a una madre y el derecho a la vida” desde el momento de la “concepción”.

30/01/2018 2:52
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• En Veracruz, organizaciones civiles como Equifonía, han reportado que nueve mujeres están presas en la entidad por haber tenido un aborto espontáneo o por diversas circunstancias

En un mes, se cumplirán tres años de aquella tarde en la que Dafne Taniveth Mc Pherson Veloz, de 28 años de edad, madre de una niña de 6 años, comenzó a sentir dolores muy fuertes en el vientre mientras cubría su horario de trabajo en la tienda Liverpool, sucursal San Juan del Río, Querétaro.

Tras varios minutos de molestia, acudió al sanitario y sintió cómo caía algo de su cuerpo. Al agachar su mirada vio que era una bebé. Por el impacto de la situación y por el fuerte sangrado, se desmayó en numerosas ocasiones, lo que le impidió reaccionar en ese momento.

Minutos más tarde, el personal de la tienda departamental se dio cuenta, la dejaron a ella y a su bebé en el baño sin recibir atención médica oportuna ni adecuada, pues solo se permitió que fuese asistida por una auxiliar de enfermería de la propia tienda, quien posteriormente reconocería que no estaba capacitada para esos casos.

Un compañero llamó al cuerpo de paramédicos del municipio, a quienes, al llegar a la tienda, les fue negado el acceso, mientras que la vida de Dafne y su bebé se encontraba en grave riesgo, pues habían transcurrido más de dos horas y ellas continuaban sin atención y en el piso del sanitario.

Dafne logró sobrevivir, pero su bebé no; por la forma de su nacimiento y por las condiciones insalubres del baño perdió la vida durante el tiempo en que el personal de Liverpool negaba el acceso a los paramédicos.

La tarde del 17 de febrero de 2015 la trasladaron a un hospital, pero en calidad de “imputada” por el delito de homicidio cometido en contra de su propia hija.

Estando internada, el Ministerio Público le indicó que quedaría en libertad, pero que seguiría la investigación en su contra.

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¿Los derechos de una madre?

Lo que le ocurrió fue un parto fortuito, un nacimiento por vía vaginal que sucede espontáneamente, de manera imprevista y sin que existan condiciones óptimas. Este tipo de parto involucra una serie de riesgos que pueden ser mortales tanto para la madre como para el bebé. Ella no sabía que estaba embarazada, pues padece hipotiroidismo.

No ha podido gozar de su libertad, fue encarcelada y está en espera de que se lleve a cabo la reposición de la audiencia de juicio oral, a fin de determinar con pruebas científicas si Dafne ignoraba su estado de embarazo de ocho meses por padecer hipotiroidismo y, segundo, su estado psicológico y emocional al momento en que ocurrieron los hechos.

Por su parte, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, organización que lleva el acompañamiento del caso, ha denunciado que en el 22º Tribunal Colegiado del Estado de Querétaro la trataron como responsable utilizando en su contra prejuicios y estereotipos como el de no haber reaccionado con “instinto de madre” o el de haber actuado “peor que una perra”.

Otro caso en Baja California

En Ensenada, Baja California, una joven de 23 años fue vinculada a proceso el pasado 3 de enero por el delito de “autoaborto”, tipificado en el Código Penal estatal con una pena de uno a cinco años de prisión.

Tras una primera audiencia, se decidió que su caso se volverá a estudiar el próximo 10 de marzo. Ella tenía 18 semanas de embarazo, acudió al Hospital General con sangrado vaginal y dolores de abdomen, pero los médicos descubrieron una tableta de medicamento en su cavidad vaginal y decidieron dar aviso a las autoridades.

Los casos expuestos no han sido los únicos

Datos retomados por Cimac, Noticias del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSNSP) mostraron que en toda la República Mexicana se han abierto mil 524 carpetas de investigación por el delito de aborto entre 2015 y 2017. En este último año, se abrieron 479 carpetas, la mayoría en la Ciudad de México, con 74;  Baja California con 72, y 38 en el Estado de México.

Otras entidades mencionadas fueron Tamaulipas con 30 investigaciones; Nuevo León, 29; Guanajuato y Jalisco, 27, y Veracruz, 20.

En el caso de la capital mexicana, la agencia de noticias especializada en temas de género resaltó que en 2015 la procuraduría capitalina abrió 131 carpetas y 105 en 2016 a pesar de que desde 2010 se permite la interrupción del embarazo hasta la semana 12, tras una reforma a las leyes locales derivada de décadas de luchas individuales y colectivas.

De manera particular, en el caso de Colima se reportaron cinco casos y el gobierno estatal contestó, a través de los medios de comunicación, que efectivamente se presentaron cinco denuncias, pero ninguno se judicializó. Es decir, “no hay personas purgando una condena en los centros penitenciarios de la entidad, ni han existido detenciones de esta naturaleza por parte de las corporaciones del Estado”. Dicha información no ha podido ser corroborada hasta el momento.

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Las libres

Verónica Cruz, directora  de la organización civil Las libres, quienes han acompañado más de cien casos de penalización por aborto en la última década, dijo que existen varias situaciones que se deben tomar en cuenta como que el aborto es considerado, de acuerdo con el SNSNSP, como un delito de alto impacto; en los últimos dos años se han incrementado los reportes, a pesar de que es muy difícil sostener los elementos para imputar el delito, y que la mayoría de las denuncias provienen de los hospitales públicos por parte de personal que trabaja en el lugar, quienes ya deberían estar capacitados en la Norma Oficial Mexicana 046, referente a la atención de casos de violencia sexual, hecho que deriva en que no denuncien violencia intrafamiliar o violencia sexual a niñas o adolescentes pero sí a mujeres que no desean llevar a término su embarazo.

Para la defensora de los derechos de las mujeres, los pendientes son la garantía del acceso al aborto legal en todo el país en caso de violación, así como del derecho de las mujeres  a la confidencialidad y erradicar la idea de que es delito que pone en riesgo la estabilidad social, como hasta el momento es catalogado por el SNSNSP.

Durante 2017, Las libres intervinieron en tres casos, en Chihuahua, Baja California y Yucatán, donde consiguieron que las mujeres inculpadas no fueran procesadas legalmente. De igual manera, se han asegurado que en su entidad federativa, Guanajuato, no se siga criminalizando a las mujeres que, por múltiples causas, interrumpen su embarazo, pues a principios de la década acompañaron a nueves mujeres de la entidad que llevaban varios años en prisión bajo el cargo de homicidio en razón de parentesco por haber tenido abortos espontáneos o haber decidido no continuar con sus embarazos.

Sin embargo, consideran que su objetivo estará cumplido cuando logren la eliminación en todos los códigos penales el delito de aborto.

Entretanto, en la mitad de las entidades federativas del país se han modificado las constituciones locales para “proteger el derecho a la vida” desde el momento de la “concepción”. En Veracruz, organizaciones civiles como Equifonía, han reportado que nueve mujeres están presas en la entidad por haber tenido un aborto espontáneo o por diversas circunstancias, entre ellas la violación, y haber decidido no continuar con su embarazo, sin que hasta a la fecha haya posibilidad de volver a revisar su caso.

Cortesía: @leonardobastida @OpinionLSR

Leonardo Bastida Aguilar

Tejedor de historias y cronista de las realidades desde hace más de una década en diversos medios de comunicación. Etnohistoriador de formación, apasionado por el cine, la literatura y las buenas charlas, se ha enfocado a investigar y documentar vulneraciones a derechos humanos por cuestiones de género, diversidad sexual, VIH/sida, entre otras causales. Por investigaciones periodísticas sobre tecnología mexicana aplicada al tratamiento del VIH y la ruta seguida por las mujeres del Estado de México para lograr la declaratoria de la alerta de género ha obtenido los premios nacional de periodismo, otorgado por el Club de Periodistas, y el José Pagés Llergo.


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